A las acumuladas percepciones de pérdida de credibilidad política, caída de aprobación y resplandeciente carácter bipolar de su diplomacia, instaladas en la opinión pública de adentro y de afuera de su país, al despeñadero de su reputación como líder empresarial se unirá el haber permitido vender Citgo.
Cometerá un adefesio que ni siquiera se le ocurrió a su odiado enemigo político, el expresidente Joe Biden; quien, temeroso de agregar al cultivado prontuario de violaciones de leyes de toda índole cometidos por su país, jamás autorizó la venta, pues sabía que tal acto es una violación del existencial principio de “buen” funcionamiento del capitalismo, como es el alter ego.
Digámoslo así: eso de cobrar al papá de la familia una deuda contraída por un hijo hecho y derecho, mayor de edad y de este domicilio, es un acto anómico y desesperado no aceptado por las normas legales y éticas del capitalismo, el mismo que, cuando se comete, recibe entre bastidores el acertado remoquete de robo.
En otras palabras: EEUU sumará a su prontuario otra estruendosa bofetada a la confianza de los inversionistas internacionales, por haber roto y violado el siempre respetado velo corporativo que protege(gía) a toda empresa de ser expropiada por el impago de una deuda contraída por su dueño, es decir, otra persona, en este caso, el Gobierno de Venezuela.
El caso es que la deuda que venía pagando con puntualidad la República Bolivariana de Venezuela, que en su momento ascendía a 3.400 millones de dólares, pero que tras haber reconocido Donald Trump al gobierno fantoche, o fantoche gobierno, de Juan Guaidó, el parapeto la disparó a 23.600 millones para hacerla impagable y con ella exacerbar la hambruna crematística de los acreedores para demandar y apropiarse de Citgo.
Al detalle, en un artículo del economista venezolano profesor de la Universidad de Denver, EEUU, Francisco Rodríguez, titulado “¿Por qué Venezuela perdió Citgo?”, publicado en Financial Times el pasado 26 de septiembre de 2023, afirma:
“En los últimos cuatro años —bajo la supervisión del gobierno interino liderado por la oposición— los pasivos adeudados a los acreedores con derecho legal a embargar acciones de Citgo se multiplicaron de 3.400 millones de dólares a 23.600 millones de dólares”. De aquí surge la pregunta: ¿Cómo y por qué fue elevada la deuda de Citgo? Rodríguez no da respuesta explícita, pero sí implícita en el desarrollo de su artículo. Expone:
“Un tribunal de Delaware pronto iniciará una subasta para Citgo Petroleum, la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos. Salvo un improbable acuerdo de último minuto, la empresa será rematada para pagar deudas impagas de su propietario, el Gobierno venezolano”.
Ubiquemos el pormenor actual de la noticia. La semana pasada se anunció que el enamorado y sempiterno juez Leonard Stark, del Tribunal de Delaware, autorizó la venta de Citgo a Amber Energy, el fronting usado por las principales firmas energéticas españolas para hacer negocios en el exterior, por el monto de 5.900 millones de dólares.
Si Trump no para la venta, al pueblo de Venezuela le serán arrebatadas tres refinerías con una capacidad de refinación de 807.000 barriles por día, 38 terminales, 6 oleoductos y 4.200 estaciones de servicios, todo valorado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.
En otras palabras, el contubernio, aquelarre, entente jurídico-político de la jurisprudencia estadounidense con el fantoche gobierno y los buitres acreedores de todas y cualquier tipo de hambrunas y calañas, le robarán Citgo a Pdvsa con la trácala de cobrar una deuda que no es de Pdvsa, sino de la República Bolivariana de Venezuela.
Pero hay muchas cosas más que dejarían mal parado a Trump como empresario y político. A la mencionada ruptura del alter ego se añadiría resbalar la concha de mango nunca pisada por Biden, quien, al percatarse de los manejos dolosos cometidos por el gobierno fantoche de Guaidó, fue sagazmente dejando pasar bajo la mesa la venta de Citgo. Si Trump permite la venta, la acción lo acercará al turbio mundo de Guaidó.
También hay otra variable, cuyo peso en la toma de decisiones es altamente volátil. El robo en marcha del complejo refinador no es del todo cómodo para la agresiva diplomacia bipolar del Gobierno de EEUU con Venezuela.
Las ya deterioradas relaciones del supremacista con la Patria de Bolívar caerán varios peldaños más de llegar a concretarse la venta de la filial de Pdvsa, con saldo realmente perjudicial para Venezuela; pero también, aunque en menor grado, como hemos dicho, para el voraz e insaciable y esquizofrénico imperio del norte.
Es así, porque además de la trompada a la confianza de los inversionistas internacionales, de ejecutarse la venta, toda relación y acuerdo de EEUU con Venezuela estarán marcados por el antecedente de haberse robado Citgo, un acto delictual que estará siempre latente, por encima y por debajo de la mesa, generando desconfianza y elevando los costos de cualquier negociación bilateral, sin menoscabo de las acciones legales que acometerá.
Venezuela ante los organismos jurídicos mundiales para recuperar su activo.
Pero ojo, alerta, por muy esquizofrénica que sea la política de EEUU con Venezuela, no debemos apartar su insaciable hambre de plusvalía, plasmada en un análisis hecho por Pdvsa del entramado político que muestra el violado orden legal de EEUU y de la Organización Mundial del Comercio.
El documento relata que desde 2018 el Gobierno estadounidense realiza maniobras contrarias al comercio internacional con la clara intención de arrebatarle el control de la empresa Citgo al Estado venezolano.
“Estas acciones quedan de manifiesto cuando a los pocos días de la autoproclamación de Guaidó, y su reconocimiento por las autoridades norteamericanas, el fantoche y su equipo planearon cuidadosamente todas las acciones y tramas tendentes a lograr la expropiación de Citgo”.
Explica que el partido político Voluntad Popular, en connivencia con representantes del Gobierno estadounidense, instruyó a sus partidarios de la Asamblea Nacional para nombrar a una nueva junta directiva de Citgo y PDV Holding, rebasando todo el marco jurídico existente. Dicha junta fue encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos ligados al sector financiero y petrolero estadounidense.
Inmediato a este nombramiento, en marzo de 2019, relata que Carlos Vecchio, emisario de Guaidó en los Estados Unidos, realizó una visita a la empresa Citgo para dejar por sentado que el gobierno interino tenía el control efectivo de la empresa.
En agosto de 2018, se inició la ofensiva legal de la empresa canadiense Crystallex (de la cual el abogado José Ignacio Hernández, futuro “procurador” de Guaidó, formó parte en su equipo jurídico), para conquistar una posición de fuerza en la Corte de Delaware a cargo del “inamovible” amante del caso Citgo, el juez Leonard Stark.
Lo repugnante es que Citgo, previo a la usurpación de Guaidó, jamás estuvo sobre endeudada, aunque comprometida accionariamente sí. Pero Venezuela incluso hasta 2019; antes de la autoproclamación, cumplía cabalmente con sus compromisos de pago.
“Hemos sido enfáticos en asegurar que previo a 2018 Citgo nunca estuvo sobre endeudada; comprometida, accionariamente, sí; sobre endeudada, no. Aun tomando el caso más conservador de su valor de $8.000 millones, siendo su valor real entre $13.000 y $13.500 millones, su relación pasivo-patrimonio era menor a 37%, mientras pares como Valero y Marathon superan 56% y hasta 60%”, dice.
El empeño de EEUU es quedarse con Citgo. Es así, porque el propósito estratégico por el cual la Pdvsa heredera de la cultura corporativa de las transnacionales petroleras compró Citgo fue para transferir activos, impuestos, ganancias e inversiones al país del norte.
En otras palabras, con la elegancia de las relaciones públicas y fuerte uso de campaña mediática, Citgo fue adquirida para enviar petróleo venezolano a precios por debajo del valor medio del mercado, a descuento, lo cual redunda en la entrega de altas sumas impositivas al fisco de EEUU, a costa de menores dividendos y casi nulos pagos de impuestos al Estado venezolano.
A su manera, los expresidentes de Venezuela, Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), ambos de Acción Democrática, se opusieron a la intención gerencial de la meritocracia de Pdvsa de adquirir al 100% de Citgo. Pérez consideraba entonces —1992—, durante su segundo mandato, que poseer cien por ciento una refinería en EEUU era vulnerable y propicia para hacerla objeto de medidas proteccionistas por parte de las autoridades norteamericanas.
Además, opinaban que mientras los paquetes económicos del Fondo Monetario Internacional plantean la búsqueda de la inversión extranjera, la compra de Citgo significaba convertir a Venezuela en inversora extranjera en EEUU.
No se equivocaron. Las presunciones y temores de CAP hoy son corroborados por el robo y mayores beneficios dados por Citgo al fisco de EEUU. Por ello, la resistencia de CAP fue uno de los motivos por los cuales la gerencia meritocrática de Pdvsa fue determinante en su salida de la presidencia.
La tarea se vio acompañada por las buenas relaciones de Pdvsa con los medios, en especial El Nacional, cuyo peso ya declinante en la opinión pública fue usado para favorecer los intereses de comprar Citgo, mediante las denuncias de las reiteradas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción cometidos efectivamente por el gobierno de CAP.
