La idea de reformar la justicia penal ha sido persistente en los últimos 50 años; sin embargo, no ha dado los mejores resultados en cuanto a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, siendo notoria una crisis que abarca aspectos fundamentales, entre ellos la eficiencia en la administración de justicia, la pérdida de la legalidad y el deterioro de las garantías procesales. Si nos concretamos a la reforma penal, es importante tener presente que el derecho penal se desarrolla en ámbitos mucho más perdurables que otras ramas del derecho; además, precisa de soluciones meditadas y técnicamente bien elaboradas. El derecho penal se vuelve peligroso cuando se entiende por reforma su acción expansiva como solución a los conflictos sociales, mediante nuevos delitos, aumentos de penas y reducción de beneficios procesales. Más grave aún si estamos conscientes que tales reformas evidencian una facilidad para golpear a la gente más vulnerable: los pobres, los marginados. En fin, la tragedia del derecho penal es la selectividad, mostrada en su desigual persecución del delito, lo que hace deslegitimar la potestad penal del Estado y por ello cuesta aceptar que la ley penal es igual para todos.
Los problemas de la justicia penal son de viejos tiempos y los arrastramos, como en toda América Latina, de un sistema inquisitivo que perduró por muchos años en una sociedad distinta a la actual. Lo de ahora es un problema estructural, que no ha dejado de existir porque se finca en viejos vicios del juicio escrito, formalista, lento, burocrático y curialesco, como diría el amigo Alberto Binder, aparte de la ineficacia, los abusos de poder, la impunidad de funcionarios y la corrupción.
El Código Penal vigente se agotó de reformas, ya está demasiado viejo y es tiempo que desaparezca con su anacrónica responsabilidad objetiva, las deficientes disposiciones generales y el anticuado libro de faltas que, entre otras cosas, castiga al que mendiga un trozo de pan por no tener trabajo.
Ya es tiempo de un nuevo Código Penal; ya es tiempo, también, de rescatar la independencia y autonomía de los jueces. Pero mucho cuidado con ese pensamiento pretendidamente jurídico y reformador que busca crear nuevos delitos y aumentar las penas para resolver los problemas sociales. Los que así piensan no conocen la teoría del delito y de la pena, criminalizan la pobreza y hacen desastres en nombre de la ley.
