El caso de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros es el subproducto de una conspiración institucional ejecutada por el quinteto asimétrico corporativo: un aparato donde el ejecutivo y el congreso dan cobertura política y legal; el tesoro, vía Ofac, estrangula financieramente al acusado; la fiscalía de Nueva York ejecuta la persecución alterando los tipos penales; y los medios corporativos construyen la narrativa de culpabilidad para justificar la agresión.
Esa maquinaria asimétrica introdujo en marzo de 2020 el expediente que acusaba al presidente Maduro de narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, las costuras del relato político siempre terminan por abrirse.
En junio de 2023, Donald Trump confesaba con fría ambición la verdadera motivación del asedio: “¿Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella, nos habríamos quedado con todo ese petróleo”.
Al regresar a la casa blanca en 2025, el magnate reanudó el multiataque: declaró organización terrorista al denominado “cartel de los soles” y la fiscal general, Pam Bondi, elogiada por la maquinaria, elevó a 50 millones de dólares la recompensa contra Maduro, la más alta de la historia.
Frente a la hostilidad, la diplomacia venezolana respondió con dignidad. El 6 de septiembre, el presidente Maduro envió una carta a Trump ratificando el combate implacable de Venezuela contra el narcotráfico e invitándolo a trabajar juntos contra ese flagelo.
En noviembre, el teléfono sonó en el palacio de Miraflores. Al otro lado de la línea, la voz del mandatario estadounidense rompió la ficción jurídica al pronunciar: “Mister President Maduro”. Aquella interlocución directa, cordial y respetuosa dinamitó la tesis de la fiscalía de Nueva York, la cual sostiene que el acusado lidera un cartel criminal desde 2006.
Aquella llamada demostró que Trump lo validó como un par soberano, un acto mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos reconoció, de jure y de facto, la legitimidad y el mando real de su interlocutor.
Un estado no entabla negociaciones directas de alta seguridad con un delincuente común; lo hace con quien reconoce como el depositario legítimo de la soberanía de una nación, provocando el colapso definitivo de la mentira judicial.
Argumentos para la moción ómnibus de urgencia.
