En otras épocas emigrar era delito, hoy no lo es; pero inducir a cualquier venezolano a emigrar, con un fin de lucro y bajo engaño, configura el fraude de emigración. En tiempos pasados se castigaba la emigración en razón de que no se permitía la libertad de emigrar y el Estado se consideraba el ofendido. En ese entonces no tenía vigencia el ius migrandi.
Se decía en referencia a la legislación alemana, por ejemplo, que adoptar medidas represivas para impedir la emigración es de antigua tradición. Hoy en día el hecho de emigrar no es delito en ninguna legislación; sin embargo, al inmigrante se le condena a vivir en una especie de “apartheid” que lo excluye del concepto de ciudadanía cuando es pobre y lo colocan en riesgo de ser víctima del odio.
Es decir, odio al pobre que, a su vez, es una aversión que la extienden a nacionales de algunos países, tal como ha sucedido con los venezolanos que últimamente son perseguidos y estigmatizados en una campaña políticamente pensada para desacreditar a Venezuela, lo que ha llevado a los perseguidores a cometer acciones indignantes como secuestrar inmigrantes venezolanos en EEUU y enviarlos a una cárcel (Cecot) en El Salvador que responde a la nefasta idea de un “derecho penal del enemigo” que no es otra cosa que un Estado policial a la manera de la represiva doctrina de seguridad nacional donde los seres humanos no son considerados personas sino enemigos peligrosos para la sociedad y que, como tales, no tienen derechos ni garantías constitucionales y por ello son llevados a cárceles de máxima seguridad sin ser juzgados por jueces, sin debido proceso y sin derecho a la defensa.
Son depósitos de seres humanos a riesgo de no salir nunca. Lo que quiero es que quede claro la evolución que ha tenido el fenómeno de la inmigración al pasar de un delito contra la libertad o contra el orden público, en una época en que se impedía emigrar, a lo que es hoy el derecho de emigrar o salir del país de origen a cualquier lugar, el cual comprende, además del derecho de circulación, el derecho de residencia. Por tanto, si emigrar no es delito, cuando se le impide o se le prohíbe a una persona emigrar, se le están violando derechos fundamentales, como los de circulación y de residencia en el país al cual desea dirigirse, dejando de ser universales esos derechos para convertirlos en exclusivos y privilegiados. Punto álgido de resolver.
