La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó tres recursos que buscaban anular la condena de 30 años de prisión impuesta a 10 personas acusadas de participar en diversos planes destinados al asesinato del presidente Nicolás Maduro. En consecuencia, dichas condenas quedaron incólumes.
Tal decisión está contenida en la sentencia N° 608, redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno. La investigación de los hechos se inició el 11 de noviembre de 2019 por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cuyos agentes detectaron la existencia de un plan de captación y reclutamiento de policías y militares “a fin de articular actividades orientadas a la alteración del orden interno, en el marco de actividades desestabilizadoras ejecutadas en contra del gobierno y sus instituciones”.
Las acciones fueron denominadas por sus cerebros como Venezuela Honor y Gloria 2019, cuyos participantes se comunicaban a través del WhatsApp.
El plan contemplaba siete objetivos específicos: atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro; conformar una fachada de asociación civil para ser utilizada como principal fuente de financiamiento; operaciones dentro del territorio nacional que generen impactos psicológicos y físicos a instituciones del Estado; realizar actividades denominadas Golpes Certeros, que causen impacto al pueblo venezolano; asesinatos políticos, selectivos; actos que promuevan la incitación a la rebelión de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como el ataque y sabotaje a unidades militares y sistemas de armas.
El objetivo número 7 planteado en ese año 2019 era el “apoyo a una invasión militar extranjera en contra de la soberanía nacional”. Los organismos de seguridad desarticularon esos planes con la identificación de 31 implicados en los mismos. De esa treintena, 14 fueron detenidos e imputados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Hasta ahora, 10 de ese grupo de 14 fueron llevados a juicio, el cual se desarrolló entre el 22 mayo 2022 y 18 de marzo de 2024 ante el Tribunal Primero de Juicio para conocer causas vinculadas con terrorismo, que los condenó a pena máxima.
Ese grupo de sancionados con 30 años de prisión son: Luis Eduardo Lira Cupare, Jesús Antonio Castro Gómez, José Miguel Yeguez, Sixto José Salamanca Jiménez, Juan Carlos Macualo Orozco, Víctor Ignacio Rodríguez Romero (sargento 1°), César David Mayora Guacare, así como los tres agentes policiales del estado Sucre Marco de Jesús Fuentes González, Alexis Rafael Jiménez y Deivis Malavé Ruiz.
Las condenas fueron apeladas ante la Sala Penal mediante tres recursos que fueron desestimados por los magistrados, porque buscaban que se revisara lo ocurrido en el juicio, aspecto que no le es dado abordar al máximo tribunal.
