Este miércoles, movimientos sociales, federaciones estudiantiles y organizaciones políticas salieron a las calles de Ecuador para protestar en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el adelanto de las elecciones en este país.
La marcha tuvo lugar en Quito, en donde los ecuatorianos alzaron su voz por la medida del CNE, quien, además de hacer un cambio en los comicios, también suspendió a organizaciones políticas del registro electoral, medidas que califican como un «atentado a la democracia».
Una nota de Telesur indica que la movilización exige la renuncia de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, por considerar que el ente rector actúa en favor del Ejecutivo y no como un organismo independiente.
En ese sentido, Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (Feue), afirmó durante la marcha que estas acciones buscan allanar el camino para el actual mandatario, Daniel Noboa.
“Este niño (Noboa) quiere romper cualquier orden democrático del país. Nos mantendremos firmes en las calles para expresar nuestra solidaridad con los movimientos sociales que están siendo inhabilitados. Estaremos aquí hasta que Noboa y Atamaint se larguen”, sentenció el dirigente estudiantil.
Cambio en la fecha
El descontento de la población y de las organizaciones políticas surge luego de que el CNE anunciara un cambio en la fecha de las elecciones donde se eligen 24 prefectos, alcaldes y concejales de 221 localidades. Originalmente previstos para el 14 de febrero de 2027, el organismo electoral fijó la nueva fecha para el 29 de noviembre de 2026, argumentando posibles afectaciones climáticas por el fenómeno de El Niño.
Ante este escenario, la oposición del Gobierno de Daniel Noboa asegura que el cambio se debe a querer capitalizar el momento político del Ejecutivo antes de un eventual desgaste mayor.
Por otra parte, el partido de oposición Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, queda fuera con este adelanto de los comicios, ya que sufre una suspensión de nueve meses, impuesta por la justicia electoral y la Fiscalía.
