La salida del exfuncionario, tras 10 años en el cargo, ocurre tras un reportaje de un medio digital, que señala la presunta existencia de una estructura de cobros y control dentro del negocio hípico y de apuestas. El ahora exlíder de la organización hípica rechazó las acusaciones y amenazó con acciones legales, aunque evitó responder a los señalamientos específicos
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó la remoción de Antonio “El Potro” Álvarez, como presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades durante su gestión en organismos vinculados al sector de juegos de azar en el país.
La decisión quedó plasmada en la Gaceta Oficial del 20 de abril de 2026, mediante el decreto número 5.374, en el que también se designa a Julio César León Heredia, exgobernador del estado Yaracuy, como nuevo presidente del organismo hípico.
León Heredia había sido recientemente separado del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, y curiosamente este cargo lo asumió el general Vladímir Padrino López, quien ejerció más de 10 años como ministro de Defensa, hasta que quedó relevado de ese puesto.
La salida de Álvarez tras 10 años en el cargo ocurre tras un reportaje del medio El Pitazo, que señala la presunta existencia de una estructura de cobros y control dentro del negocio hípico y de apuestas.
De acuerdo con el periodista César Batiz, una empresa operadora habría concentrado el manejo de licencias y transmisiones en el sector, además de ejecutar cobros semanales en dólares a centros hípicos del país por el uso de señales internacionales, generando ingresos paralelos fuera de los mecanismos oficiales.
Álvarez rechazó las acusaciones y amenazó con acciones legales, aunque evitó responder a los señalamientos específicos. Las denuncias han derivado en la detención de personas vinculadas a su entorno, entre ellas empresarios relacionados con la operadora señalada.
Según la investigación, varias compañías de loterías habrían sido presionadas para realizar pagos millonarios a fin de continuar operando.
Quienes se negaron a cumplir con los pagos enfrentaron procesos judiciales y detenciones, bajo acusaciones que incluyeron terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
