El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jia-kun, ratificó este martes la oposición de su país a las sanciones unilaterales ilegales y reafirmó el apoyo a Cuba ante la amenaza de una agresión militar por parte de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa diaria, el funcionario fue consultado sobre las declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien aseveró que la amenaza de una acción militar contra la isla constituye un crimen internacional.
«China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales ilegales sin fundamento en el derecho internacional, apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacional», enfatizó.
El vocero también instó a Washington a terminar de inmediato con el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la nación antillana.
Además, le llamó a cesar cualquier forma de coerción y presión, «y a que deje de infringir el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo».
En la víspera, Díaz-Canel afirmó que la amenaza de una agresión militar contra Cuba constituye «un crimen internacional» y que, si se materializa, provocará un «baño de sangre» con consecuencias incalculables.
«Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional», denunció.
El mandatario recalcó que su país no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones de ejecutar una agresión contra ninguna nación.
El pasado 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» de Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
También se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Se suman nuevas sanciones económicas y acusaciones relacionadas con la seguridad regional