La trampa estaba tendida desde el primer día. Cuando el imperio no puede doblegar la dignidad de un pueblo con el hambre de las medidas coercitivas unilaterales, recurre a la fuerza bruta para sustraer arbitrariamente a un presidente con inmunidad, disfrazándola con la hipocresía de sus tribunales.
El zarpazo militar ejecutado la madrugada del 3 de enero de 2026 contra el presidente Nicolás Maduro no fue un acto de justicia, sino la culminación de un libreto criminal cocinado en Washington bajo la farsa de declarar a Venezuela como un “Estado capturado”.
La genealogía de este atropello se remonta a 2020, cuando el expediente por narcoterrorismo ya era un desecho legal. En noviembre de 2021, la propia Casa Blanca borró a las Farc de su lista de organizaciones terroristas, lo que dejó aquella vieja acusación herida de muerte.
Sin embargo, en lugar de cerrar el caso como exige la lógica jurídica, los fiscales de Manhattan lo congelaron, esperando la orden del Pentágono. La ley se estiró hasta romperse para justificar los planes de invasión.
Para consumar el crimen, inventaron una doctrina: la “criminalización del Estado”. Ningún juez de Nueva York tiene la autoridad ni la competencia para juzgar a un mandatario extranjero en funciones o declarar “capturado” a un país soberano.
Al romper las reglas del juego internacional ante el silencio cómplice de los organismos multilaterales, aplicaron una acusación colectiva contra toda la nación venezolana, pretendiendo borrar de un plumazo la inmunidad y el derecho a la autodeterminación.
Bajo el amparo del derecho internacional, cuando un tribunal recibe a un prisionero que ha sido víctima de un secuestro militar transfronterizo, está obligado a rechazar el caso. Lo ocurrido en Caracas no fue una detención; fue una agresión armada. La materia prima de Manhattan son cuerpos secuestrados en una operación de guerra que conmociona a la conciencia de la humanidad.
Aceptar este atropello es arrodillarse ante el verdugo. Con 112 días de indefensión forzada por la Ofac, que impidió nombrar abogados defensores, y la cínica confesión de Donald Trump de que apenas están inventando el caso sobre la marcha, queda claro que el proceso no tiene base legal. El “Estado capturado” no es Venezuela; es la justicia estadounidense, secuestrada por la codicia imperial, la violencia, las corporaciones y Wall Street.
