El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha declarado la guerra a las ciudades demócratas, y a juzgar por las escenas de violencia que se sucedieron los últimos días, Chicago se ha convertido en un campo de batalla. Numerosas personas han resultado heridas y varias arrestadas en los enfrentamientos ocurridos entre las fuerzas federales y los manifestantes que protestaron el fin de semana contra el operativo de detención de migrantes que el Gobierno puso en marcha en la ciudad el mes pasado. Los agentes de inmigración usaron gases lacrimógenos e hicieron uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos que denunciaban los abusos cometidos contra los migrantes y las deplorables condiciones en las que los mantienen en los centros de detención.
La llamada Operation Midway Blitz, iniciada a principios de septiembre, ya se ha saldado con más de 500 detenciones de migrantes, según datos del Gobierno. Las protestas en contra del operativo se han ido multiplicando en las últimas semanas, lo que ha llevado al presidente Trump a autorizar la movilización de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones y proteger a los agentes federales. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, también puso a disposición a las tropas texanas. Las autoridades de Chicago y del Estado de Illinois respondieron el lunes con una demanda contra la Administración para bloquear el despliegue en sus calles, pero una jueza federal declinó, por ahora, frenarlo. Un centenar de soldados texanos llegaron este martes a Chicago y se espera un segundo contingente con 100 militares más.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, ha acusado al Gobierno de querer “crear una zona de guerra” para justificar la movilización de la Guardia Nacional. “Están usando todos los recursos a su disposición para impedir que mantengamos el orden”, ha asegurado.
La violencia se recrudeció el fin de semana pasado en los encuentros de manifestantes y agentes del orden frente al centro de detención de Broadview, un suburbio cercano al oeste de Chicago donde la mayoría de la población es negra y latina. Vídeos que se difundieron rápidamente en las redes sociales mostraron la agresividad utilizada por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que agentes federales le dispararon a una mujer el sábado por la mañana en el suroeste de Chicago. El DHS declaró que la mujer era ciudadana estadounidense y tenía un arma semiautomática. Tricia McLaughlin, vicesecretaria del Departamento, afirmó que la mujer se dirigió por sus propios medios a un hospital para recibir tratamiento. El DHS dijo que los disparos se produjeron cuando un grupo de personas embistió con sus coches a los vehículos de los funcionarios de inmigración. “Las fuerzas del orden se vieron obligadas a desplegar sus armas”, aseguró McLaughlin.
Jesse Fuentes, una concejala de Salud del Distrito 26 de Chicago, fue agredida por agentes federales en el hospital de su barrio, a donde acudió porque le habían avisado de que los agentes del ICE estaban asustando al personal y a los pacientes. “Había una persona en urgencias con la pierna completamente destrozada. Les pregunté si tenían una orden judicial. Se negaron a mostrarme nada y me trataron con mucha agresividad. Me empujaron dos veces antes de esposarme por no hacer nada, solo preguntarles si tenían una orden judicial para detener al individuo que estaba en urgencias”, declaró ante los medios. La sacaron y metieron en un vehículo de la Patrulla Fronteriza, para liberarla después.
Zonas “libres del ICE”
En respuesta al caos en la ciudad, el alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, anunció el lunes que establecería “zonas libres del ICE”, lo que impediría que los agentes federales se presentaran sin orden judicial. Además, varios ciudadanos, medios de comunicación y representantes del clero interpusieron una demanda este lunes denunciando la violencia policial en las manifestaciones de los últimos días.
“Nunca en la era moderna el Gobierno federal ha socavado las protecciones constitucionales fundamentales a esta escala, ni ha usurpado el poder policial de los Estados al ordenar a agentes federales que lleven a cabo una misión ilegal contra el pueblo para su propio beneficio”, afirma la demanda, que defenderá, entre otros, la Unión para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU).
La organización denuncia que “esta violencia desenfrenada por parte del Gobierno federal es un intento flagrante de interferir con los derechos más preciados y fundamentales consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de creencias religiosas y el derecho a reunirse pacíficamente y expresar su desacuerdo con el Gobierno”.
En el documento judicial figuran las experiencias vividas por varios de los demandantes. “Durante ese tiempo, al menos cuatro de nuestros empleados o trabajadores independientes me han dicho que agentes federales los atacaron con balas de pimienta y gas lacrimógeno en Broadview”, señala Stephanie Lulay, editora ejecutiva y cofundadora de Block Club Chicago, en la demanda.
El pastor David Black, de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago, en el barrio de Woodlawn, en las zonas más marginadas de Chicago, declara haber recibido disparos en la cabeza con proyectiles casi letales y gas lacrimógeno en la cara. “Extendí los brazos, con las palmas de las manos extendidas, hacia los agentes del ICE, en una postura cristiana tradicional de oración y bendición”, reza el relato del pastor en la demanda. “Sin previo aviso, y sin ninguna orden ni solicitud de que yo y los demás nos dispersáramos, los agentes del ICE me dispararon repentinamente. En un tiroteo rápido, me impactaron siete veces en los brazos, la cara y el torso con perdigones explosivos que contenían algún tipo de agente químico. Tenía claro que los agentes apuntaban a mi cabeza, donde me impactaron dos veces”.
William Paulson, un pintor sindical jubilado de 67 años, cuenta en la misma demanda que el 27 de septiembre, los agentes del ICE lanzaron un ataque indiscriminado contra los manifestantes sin previo aviso. “Dispararon cartuchos de gas delante y detrás de mí”, recuerda. “Empecé a inhalar el gas y no podía ver ni respirar. A mi alrededor, oía cómo tiraban a la gente al suelo. Entonces, empezaron a explotar granadas aturdidoras cerca de mí. Estaba desorientado… Me ardían los ojos y la nariz… Caí a gatas y vomité. Tenía un dolor extremo en los ojos y la nariz. Me ardía la piel. Tengo enfisema y EPOC [enfermedad pulmonar crónica], así que el gas me afectó mucho”.
Trump lleva semanas amenazando con enviar a la Guardia Nacional a Chicago, justificándolo con una emergencia por el crimen de la ciudad y para proteger a los agentes federales, como ya hizo en Los Ángeles, Washington D. C., Memphis y Portland. El domingo, un juez federal en Oregón bloqueó temporalmente el envío de tropas a Portland. Ahora, Trump afirma estar planteándose invocar la ley de Insurrección para eludir los bloqueos judiciales.
La demanda presentada este lunes por el Estado de Illinois y la ciudad de Chicago se suma a otras tres querellas contra el uso sin precedentes de soldados por parte de Trump para patrullar ciudades estadounidenses, reprimir protestas y reforzar la aplicación de las leyes migratorias a nivel nacional, argumentando, sin pruebas, el aumento de la delincuencia en las urbes gobernadas por los demócratas.
