El Ministerio de Vivienda presentó el martes el nuevo índice de precios para controlar el despiadado incremento del alquiler. Se busca así limitar la especulación que se ha instalado en este mercado desde hace años y que, aunque afecta a todos los segmentos de la población, se ensaña con los jóvenes. Entrará en vigor el día 13 e inmediatamente después empezará a funcionar en 140 municipios de Cataluña. Será la primera comunidad autónoma que aplicará el índice estatal de precios, “bastante más bajo que las rentas que aparecen en los portales inmobiliarios”, según David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. En algunos casos esa diferencia llega hasta el 100%.
La vivienda se ha convertido en un agujero negro para los jóvenes españoles, que, en la inmensa mayoría de los casos, destinan mucho más del 30% de su salario —el umbral saludable— al pago de la renta o de la hipoteca. Eso con suerte, porque solo el 16,3% de los jóvenes ha logrado emanciparse (y no antes de los 30 años).
Son los grandes damnificados por la vivienda en España. Aunque la reforma laboral y la subida del salario mínimo han mejorado algo su situación, “la gran mayoría de los jóvenes son trabajadores pobres con un futuro laboral incierto, y esto claramente los excluye del mercado hipotecario para poder comprar una vivienda y dificulta su acceso al alquiler”, dice José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). “Los jóvenes de hoy lo tienen más difícil para desarrollarse personal y profesionalmente que cuando mi generación era joven”, añade, una idea que recoge en el libro La juventud atracada y que achaca a la reducción del gasto público dedicado a los jóvenes en favor de los mayores. “Los jóvenes representaban en los años noventa el 35% del electorado y hoy apenas llegan al 20%”.
A España, que no ha tenido una ley de vivienda hasta 2023, le ha explotado la bomba en las manos. Toca arreglar el destrozo. El Gobierno ha desplegado una batería de medidas encaminadas a facilitar el acceso a una casa a precios asequibles. Entre ellas se distinguen tres iniciativas específicas para jóvenes —aparte están los planes propios de las comunidades, que tienen competencia en esta materia—. Es un primer paso, aunque los expertos reconocen que queda mucho por hacer.
Una medida es el bono joven del alquiler, aprobado en 2022. Se trata de una ayuda directa de 250 euros al mes para jóvenes de hasta 35 años con ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM. Para el Consejo de la Juventud de España (CJE) la medida “no ha sido ni es efectiva, es un parche”, se queja Juan Antonio Báez, vicepresidente. Lo explica: “La previsión inicial del Gobierno era que llegara a unas 65.000 personas jóvenes de los siete millones que vivimos en España, es decir, al 0,9%. Además, un requisito previo para optar a la ayuda era estar previamente emancipado, por lo que más del 80% de la población joven no es ni siquiera potencialmente beneficiaria de la ayuda”. Además, el bono se está aplicando de manera partidista, lo que significa que en algunas de las comunidades gobernadas por el PP no se está tramitando esta ayuda estatal. “O no se han resuelto los expedientes o no se han ingresado las ayudas”, recalca Báez.
Aunque la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó el pasado año que el bono había llegado ya a 66.000 jóvenes, lo cierto es que cientos de ellos siguen esperando los 250 euros al mes y se han unido en plataformas de afectados en Andalucía, Murcia y Madrid. Vivienda ha anunciado que ampliará los fondos y que analizará por qué la ayuda no se está aplicando de la misma manera en todas las regiones.
David Gil, sociólogo, profesor en la Universidad de Valencia, miembro de la cátedra de Juventud y especialista en emancipación juvenil, cree que puede ser “una ayuda para aquellos jóvenes que ya tenían en mente dar el paso”, pero “nadie va a tomar la decisión de irse de casa porque exista el bono joven; al no ser universal (no sabes si te lo van a dar) no puede incentivar esa decisión”. Además, añade, “al subvencionar la demanda, puede generar una inflación de los precios”. Tampoco convence el bono al director de la Cátedra Unesco de Vivienda, Sergio Nasarre, al considerar que “faltan soluciones estructurales de acceso a la vivienda que faciliten que las personas no deban recurrir a estar subsidiadas”.
Una ayuda para comprar una casa es la segunda iniciativa en marcha. El 13 de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde a la línea de 2.500 millones de euros de avales públicos de hipotecas para que jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a cargo puedan acceder a su primera vivienda. Esta medida, que podrá beneficiar a 50.000 personas, cubre el 20% de la entrada, el gran obstáculo para muchos jóvenes que no tienen la más mínima capacidad de ahorro.
Sin embargo, vuelve a dejar fuera a millones de jóvenes que, ni siquiera con el aval, pueden plantearse pedir una hipoteca por sus salarios y su inestabilidad laboral. “La hipoteca será por el 100%. La consecuencia es que muchos jóvenes deberán destinar una mayor parte de sus ingresos a pagar la letra mensualmente”, sostiene Ignasi Martí, director del Instituto de Innovación Social de Esade.
Fuera de la gran ciudad
La tercera ayuda son 10.800 euros a los menores de 35 años para que puedan comprar una casa en municipios de menos de 10.000 habitantes, una medida recogida en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. La subvención tiene un límite del 20% del coste de adquisición de la vivienda, cuyo precio máximo no puede exceder de 120.000 euros. Nasarre opina: “Se necesita una política estructural de cohesión territorial que facilite que nuestros jóvenes no tengan que vivir necesariamente en Barcelona o Madrid o en alguna otra gran ciudad como Palma de Mallorca, Valencia o Zaragoza, vaciando el resto del territorio”. El problema, dice Conde-Ruiz, es que el crecimiento económico se concentra en las ciudades y “todo el empleo está allí, en Madrid, Barcelona o Málaga”.
Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que, aunque no son exclusivas para jóvenes, el colectivo también se puede beneficiar de otras medidas. Una de las más ambiciosas es habilitar más de 184.000 nuevas viviendas en alquiler social o a precios asequibles. Según el entender de los expertos, solo así —aumentado la oferta— se puede resolver el problema enquistado y cronificado de la vivienda en España. Pero levantar esas casas llevará muchos años, tantos que los jóvenes habrán dejado de serlo.
No importa. “Para los que vienen detrás son necesarias políticas de vivienda estructurales”, afirma el vicepresidente del CJE. Para que no se repita lo que está sucediendo con esta generación, “la que peores perspectivas económicas tiene de los últimos 60 años. En la última década la política, y no solo de vivienda, se ha olvidado de los jóvenes”, se queja Báez.
Hacer crecer la oferta es condición sine qua non. “Sin un parque de vivienda asequible y social para jóvenes y una política pública sostenida y coherente a lo largo del tiempo, que sitúe la vivienda como bien social, las diferentes iniciativas políticas no llegarán a todos y no resolverán el problema de fondo”, indica Ignasi Martí. Además, “tiene el efecto de contener los precios en el mercado privado, ya que al existir una alternativa pública, los propietarios no pueden pedir un precio desorbitado”, añade Gil.
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