Las principales asociaciones de científicos han salido en tromba contra la decisión del Ministerio de Seguridad Social de obligar a pagar unos 290 euros por mes para recuperar, como años cotizados, los periodos trabajados con becas de investigación precarias en el pasado. En la práctica, esa medida significa que hay investigadores que tendrán que jubilarse a los 70 años si no aceptan abonar unos 17.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La Confederación de Sociedades Científicas de España considera “inaceptables” estas condiciones y exige una rectificación.
El bioquímico Óscar Fernández Capetillo es uno de los miles de afectados. “Es un disparate”, lamenta este científico, vicedirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en Madrid. Él y su pareja, su colega Matilde Murga, tuvieron una beca de doctorado de cuatro años, más un periodo posdoctoral de tres años en Estados Unidos. “Mi esposa y yo tendríamos que pagar entre los dos unos 30.000 euros. Pido al ministerio que reflexione: es un cúmulo de injusticias y ha sentado muy mal, porque encima han querido sacar pecho”, afirma.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció la orden ministerial el 30 de abril con triunfalismo. “Hoy es un día importantísimo. Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social”, proclamó. Los afectados fueron becarios predoctorales y posdoctorales en universidades, hospitales e instituciones públicas de investigación, en una época en la que se consideraban “prácticas”, con un trabajo a tiempo completo que no cotizaba a la Seguridad Social y sin derecho al paro ni a permisos de maternidad o paternidad. El nuevo convenio especial con la Tesorería General permite computar como cotizados, previo pago de los 290 euros por mes, hasta un máximo de cinco años en prácticas remuneradas previas al 1 de noviembre de 2011 y en las no remuneradas anteriores al 1 de enero de 2024.
Cientos de afectados, organizados en la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), publicaron un contundente manifiesto este domingo. “No se ha tenido en cuenta nuestra idiosincrasia: en primer lugar, no éramos meros estudiantes, sino que éramos personal altamente cualificado ya trabajando”, critican los firmantes. Los afectados lamentan que el nuevo convenio utilice la base mínima de cotización para la jubilación del régimen de 2024, en lugar de la vigente en el año en que se realizó la beca. “Esto supondrá pagar 3.456 euros por cada año de cotización rescatado, una cifra desorbitada teniendo en cuenta la escasa cuantía de las becas disfrutadas”, explican.
El microbiólogo Bruno González Zorn, catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los casi 800 firmantes. El investigador, que actualmente es un experto mundial en superbacterias resistentes a antibióticos, empalmó becas predoctorales y posdoctorales entre 1996 y 2004. “Todavía no he calculado ni cuándo me tendría que jubilar ni cuánto tendría que pagar, porque confío en que el sentido común se imponga. Es de justicia”, señala.
Otras cuatro organizaciones —la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)— han exigido este lunes una rectificación. La orden ministerial, aseguran en un comunicado conjunto, “ha desatado la ira entre la comunidad científica”.
“La imposición de esta cuota exagerada por parte del ministerio es también un agravio comparativo con las cuotas de cotización de prácticas no laborales en 2024, que están en torno a 64 euros al mes, de los cuales el estudiante abona menos de 11 euros solo si recibe remuneración. Además, sobre estas cantidades se bonifica el 95%, por lo que las empresas, y los becarios remunerados, pagan solo poco más de tres euros al mes”, argumentan las cuatro organizaciones.
La comunidad científica está en llamas
Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
Fuentes del ministerio de Elma Saiz subrayan la singularidad de la medida. “La posibilidad de regularizar hasta cinco años es una oportunidad y un procedimiento excepcional para que antiguos estudiantes e investigadores más senior puedan alcanzar antes la jubilación máxima, reconociéndoles su trabajo”, sostienen. Las mismas fuentes defienden el coste de 290 euros por mes —“un gasto deducible en el IRPF”— y recalcan que es similar al de otros convenios especiales, como el de desempleo. “Fijar una aportación actualizada va a permitir una mejor pensión futura por esos años […]. Se va a poder fraccionar y vamos a trabajar para que sea lo más sencillo posible gestionarlo”, aseguran.
La ministra Elma Saiz y el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, van a convocar a las asociaciones científicas en los próximos días “para mantener una reunión y escuchar sus inquietudes o propuestas”, según las mismas fuentes. El Ministerio de Ciencia no respondió a lo largo del lunes a las peticiones de este periódico para conocer su valoración sobre las protestas de los investigadores.
Los miembros de la plataforma ABID calculan que “más del 80-85% de los investigadores del sistema público español” están afectados. Una de sus reivindicaciones principales es que el ministerio no obligue a los antiguos becarios a pagar de su bolsillo la cuota patronal de cotización que habría correspondido a las entidades que se beneficiaron del trabajo realizado, en su mayoría pertenecientes al sector público.
Los principales sindicatos también han solicitado al Gobierno que dé marcha atrás. UGT ha criticado este lunes que “el ministerio venda la iniciativa como algo exitoso” cuando, a su juicio, es “una grave injusticia para las personas que realizaron sus prácticas en años anteriores al tener que hacer frente a una carga totalmente abusiva”. Comisiones Obreras ha destacado que la cuota a abonar tiene una bonificación del 23% y es deducible en la declaración del IRPF, pero también ha pedido que la orden ministerial “sea revisada y modificada en el menor plazo posible”.
La bióloga Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, encadenó 10 años de becas sin cotizar. “La comunidad científica está en llamas. Todos los que hoy son jefes de grupo empezaron así, de forma muy precaria. No cotizamos no porque no quisiéramos, sino porque no tuvimos la oportunidad”, subraya Soengas. La Ley de la Ciencia de 2011, aprobada en la etapa de la ministra socialista Cristina Garmendia, convirtió por fin las becas de investigación en contratos con cotización a la Seguridad Social.
El bioquímico Antonio Martínez Ruiz, del instituto de investigación del hospital madrileño de La Princesa, pasó casi nueve años trabajando a tiempo completo en becas que no cotizaban. El científico, de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, recalca el malestar generalizado. “Es indignante, no se han reunido con nosotros, no nos han hecho caso y encima lo venden como una panacea”, opina.
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