El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado por error desde Estados Unidos, en marzo pasado, a su país natal donde permaneció bajo arresto en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) – una megacárcel que el presidente Nayib Bukele ha descrito como un gran logro de su gestión en su lucha contra las pandillas-, ha confirmado que en el centro de máxima seguridad no se respetan los derechos humanos de la población que allí permanece.
Tras ser devuelto a territorio estadounidense, donde se le sigue una causa por presuntamente estar involucrado en el tráfico de migrantes, Ábrego aseguró que fue objeto de torturas físicas y psicológicas al ser sometido durante largas horas a permanecer despierto y ser golpeado por los funcionarios.
Como parte del caso, sus abogados solicitaron a un tribunal federal de Maryland considerar la tortura y maltrato que experimentó el salvadoreño durante su estadía en el Cecot.
Según medios locales, en los documentos presentados por los juristas, se describe que Ábrego fue sometido a trato inhumano, “incluyendo, entre otros, palizas severas, privación severa del sueño, nutrición inadecuada y tortura psicológica”.
Además, habría sido obligado a permanecer arrodillado durante toda la noche junto a otros 20 compañeros, mientras los guardias de seguridad golpeaban a quienes se caían producto del agotamiento.
Según el expediente al que hacen referencia medios locales, “durante este tiempo, al demandante Ábrego García se le negó el acceso al baño y se ensució”.
Estos detalles revelados forman parte de una demanda que introdujo la esposa de Kilmar Ábrego, Jennifer Vásquez Sura, contra el gobierno federal luego de conocer el estado en el que permaneció su esposo en El Salvador.
La administración de Donald Trump ha solicitado dejar sin efecto la demanda, ya que Kilmar Ábrego fue enviado, a principios de junio, de nuevo a Estados Unidos.
¿Quién es Kilmar Ábrego?
Kilmar Ábrego García, es un joven salvadoreño próximo a cumplir los 30 años. Reside en Estados Unidos desde el 2011.
Es acusado de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y estar vinculado con el tráfico ilegal de personas en EEUU.
En 2019 un tribunal de inmigración estableció que no podía ser deportado a su país de origen ya que, según determinó el juez que firmó el fallo, corre riesgo de ser víctima de pandillas locales que lo amenazan de muerte.
A pesar de ese fallo, el pasado 15 de marzo fue enviado junto a más de 250 migrantes venezolanos al Cecot, en un acto que fue calificado por la administración de Donald Trump como un error y que la Corte Suprema ordenó revertir.
