Movimiento de calado en el sector energético español. Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz, se están planteando solicitar de forma inminente la ampliación de la vida útil de la planta atómica, según señalan fuentes al tanto de la situación. Desde Iberdrola, Endesa y Naturgy han declinado hacer comentarios.
Se trata de una solicitud clave con consecuencias en todo el sistema energético español. Y todo apunta a que la petición formal se producirá a pesar de que no se han acordado las contrapartidas fiscales que las empresas consideraban obligadas, dado que aseguran que la operativa económica es inviable. Hasta ahora, las compañías habían encaminado todo hacia la solicitud de cierre. Aunque la prórroga no se condicione a las contrapartidas fiscales, se espera que busquen algún tipo de bonificación en el futuro, para lo que habría margen. El 1 de noviembre empezaba el plazo para entregar la documentación que pone en marcha el proceso de cierre, si bien el plan de desmantelamiento no se pondría en marcha hasta marzo de 2026, cuando sí sería irreversible la pérdida del permiso de explotación, y la central seguiría operativa hasta noviembre de 2027.
Aunque se espera que esta solicitud llegue pronto, el trámite burocrático requiere de la aprobación de la agrupación de interés económico CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo). Esto hace necesario el visto bueno de sus tres socios: Iberdrola, Endesa y Naturgy. En un principio, la petición se iba a producir en junio, pero la cuestión se ha alargado ante el distanciamiento entre Gobierno y eléctricas. El próximo martes 21 de octubre hay convocada junta de administradores de CNAT, según asegura otra fuente, con lo que es previsible que ahí se pueda tomar la decisión, que debe ser unánime.
Esta petición se produce a pocos días de un hito clave: las eléctricas están obligadas a presentar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación de parada de la central antes de que finalice octubre, dada la instrucción técnica emitida el pasado mes de julio, que atiende una orden ministerial que fijó el cierre del primer grupo de Almaraz el 1 de octubre de 2027. Es necesario cumplimentar este trámite dos años antes. Dicho plan de cierre solicitado por el CSN es independiente de la solicitud de prórroga, por lo que continuará en paralelo.
De confirmarse la petición de prórroga, que debe ser aprobada por varios entes administrativos, la situación energética en España daría un giro estratégico. Esto modifica la previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), por lo que habrá que revisar el papel de otras tecnologías como los ciclos combinados de gas o las renovables a tenor del nuevo hueco que ocupará la energía atómica.
Con esta solicitud, se rompe el bloqueo entre Gobierno y eléctricas. Hasta ahora, ninguna de las dos partes había dado su brazo a torcer. Las eléctricas querían algún gesto fiscal por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Principalmente, su exigencia era eliminar o reducir el impuesto sobre el combustible gastado, que las empresas consideran discriminatorio para esta tecnología y único entre los países del entorno.
El Gobierno reiteró por carta a las compañías antes del verano que una hipotética revisión del calendario de cierre, pactado en 2019 y que abarca la clausura de las siete plantas atómicas entre 2027 y 2035, debía cumplir con las cuestiones de seguridad exigidas por el CSN, con la seguridad de suministro que marca Red Eléctrica y sobre todo, que no fuera costoso ni para el consumidor ni para el contribuyente. Dicho de otro modo, el Gobierno le abría la puerta a una negociación pero sin contrapartidas fiscales.
La presión ejercida por las compañías en los últimos meses no ha sido en vano. Tanto la Generalitat Valenciana como la Junta de Extremadura han rebajado los impuestos a la nuclear. Vox exigió a ambas instituciones gobernadas por el Partido Popular que dieran ese paso para aprobar sus presupuestos regionales. Mazón eliminó la ecotasa autonómica nuclear para Cofrentes y María Guardiola la rebajó el pasado viernes a la mitad.
Tras este hito, las empresas han decidido solicitar la petición de extensión de vida útil. Hay cuestiones de calendario electoral que también tienen que ver con la urgencia expresada por algunas empresas. Si ahora se abocaba Almaraz al cierre, cabía la posibilidad que esta central quedara fuera de la hipotética ampliación de vida atómica en España con una nueva administración tras las elecciones generales previstas para 2027.
El PP, principal candidato a gobernar con Vox según las encuestas, podría ampliar la vida del resto de centrales, y esto produce efectos dispares en las distintas compañías. Iberdrola es quien más se juega en Almaraz, de ahí que sea quien más activo se ha mostrado. Sin embargo, Endesa se juega buena parte de sus aspiraciones en Ascó y Vandellós, cuyo cierre está previsto en el calendario actual para 2029 y 2030. Ahi además juega un papel añadido la presión de los grupos parlamentarios de Cataluña, ya que dichas centrales están en Tarragona.
El futuro de Almaraz es un asunto de amplia sensibilidad social y política. En las últimas semanas, las plataformas locales han desplegado movilizaciones sobre el terreno. De ahí que la cuestión también escale al plano político. Almaraz genera en el territorio alrededor de 5.000 empleos entre directos e indirectos.
Para las empresas, iniciar ya el cierre podría tener otras cargas económicas, ya que el plan de desmantelamiento de las nucleares va con retraso. Actualmente se empieza con Garoña y se prevé que Iberdrola, Endesa y Naturgy podrían tener que asumir esa carga más tiempo del esperado hasta que entreguen la central a Enresa, la encargada del achatarramiento de la planta, que se alarga durante años.
Salvado el escollo de la potencial bajada de impuestos, la cuestión es más fácil de abordar actualmente para el departamento liderado por la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Desde que se firmó el pacto de cierre en 2019, la percepción de la energía atómica ha cambiado radicalmente.
La Unión Europea califica desde 2022 la tecnología nuclear como una energía limpia y no emisora de gases de efecto invernadero. Además, está considerado que contribuye a la seguridad de suministro al hacer menos dependiente a España y Europa del gas y otros hidrocarburos procedentes de países como Argelia, Rusia o EE UU. Además, las eléctricas han presionado en los últimos meses argumentando que la energía nuclear contribuye a estabilizar la red y evitar apagones.
También entienden que la aportación que hará la nuclear en el futuro no es desdeñable, ya que se espera que la demanda eléctrica en España, estancada en las últimas dos décadas, pueda crecer gracias a la electrificación de la economía y nuevos vectores como los centros de datos y otras industrias para el futuro de la digitalización y la tecnología.
Por otro lado, fuentes próximas a las partes señalan que este tipo de cuestiones no se negocian de manera aislada, sino que entran en juego otros factores regulatorios importantes. La solicitud de prórroga nuclear llega en plena negociación del marco retributivo para las redes los próximos seis años, un asunto clave para su negocio. Aunque la CNMC es la institución competente, el Gobierno tiene margen de maniobra para influir. Este mismo lunes, Transición Ecológica aplaudía que el organismo regulador reabriera a audiencia pública la circular de metodología, algo que reivindicaban las compañías. Habrá que ver si ahora que las compañías pueden solicitar la prórroga de Almaraz sin condicionarlo a contraprestaciones fiscales, el Gobierno hace algún gesto en otras cuestiones de interés para las eléctricas.
