Desde que inició su campaña presidencial en 2024, Donald Trump levantó como una de sus principales banderas la promesa de las deportaciones masivas de migrantes y no tardó mucho en hacerlas realidad, tan pronto como tomó posesión del cargo el 20 de enero pasado.
Para el 23 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció que la cifra ascendía a 400.000, esperando que para fines de este año llegara a 600.000.
Leyes
Sin embargo, los procedimientos para cumplir esos objetivos han generado rechazo, entre otras cosas, por los mecanismos legales a los que ha apelado para justificar la expulsión de quienes no sean ciudadanos estadounidenses e incluso de aquellos que sí lo son.
Por ejemplo, desempolvó una ley de tiempos de guerra que data de 1798, la de Enemigos Extranjeros, para enviar el 15 de marzo a 238 venezolanos al tenebroso Cecot, una suerte de campo de concentración construido por el ultraderechista presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusándolos —sin pruebas— de pertenecer al extinto Tren de Aragua y pagándole una millonada para recluirlos en condiciones infrahumanas.
Lo hizo a pesar de que el juez del Tribunal de Distrito, de Washington, James E Boasberg, dictaminó que debían ser devueltos a EEUU, a lo cual no solo se negó la Administración Trump, sino que también se opuso a dar detalles sobre los dos vuelos en los cuales fueron trasladados, amparándose en supuestos “secretos de Estado”, dando inicio a una batalla judicial que se ha extendido hacia otras cortes.
Las arbitrariedades se extendieron hasta el ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien gozaba desde hacía años de una protección judicial que impedía su deportación y fue enviado en esos mismos vuelos por un supuesto “error”, nunca aclarado.
Se reclamó su devolución a EEUU, lograda meses después, aunque desde entonces permanece detenido a la espera de múltiples recursos interpuestos por sus defensores para que no sea enviado fuera del país, donde está casado y tiene tres hijos con los que vivía en Maryland.
Redadas. En su política de deportaciones masivas el gobierno de Trump también se ha valido de una herramienta rechazada en muchas partes del país: las redadas migratorias, con su carga de discriminación, racismo, fascismo y violencia, según han sido denunciado en numerosas ocasiones.
Los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y los del DHS, fuertemente armados y enmascarados, han llevado a cabo estos operativos en centros laborales con alta población hispana.
En una de los mayores redadas desde Trump asumió, el 10 de julio en la zona agrícola del condado de Ventura, al norte de Los Ángeles, decenas de agentes Federales y de la Guardia Nacional llegaron lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma, en lo que algunos testigos describieron “como si fuera una guerra, todos armados, con pistolas grandes, cascos…”. En medio del caos, un migrante mexicano, Jaime Alanís, de 57 años, murió al caer de un techo mientras intentaba escapar.
Hace apenas unos días, en Chicago denunciaron que los agentes federales llegaron en helicópteros para descender a rapel en un edificio, revisando puerta por puerta en busca de “ilegales”, a quienes se llevaban como criminales.
En los centros de detención del ICE han fallecido 20 personas, mientras que en Florida se construyó el cuestionado “Alligator Alcatráz”, una carcel para migrantes severamente criticada por violaciones a los derechos humanos. A esto se suma el impacto económico de las persecuciones en muchos comercios, abandonados por clientes y empleados temerosos de ser atrapados en las repentinas detenciones arbitrarias.
Las demandas llueven contra el Gobierno por las redadas
Caracas. La arremetida de Donald Trump contra los migrantes ha tenido resistencia hasta en el plano judicial, donde ya han sido presentadas millonarias demandas por los atropellos que tienen como protagonistas a los agentes federales en las redadas.
Entre esas querellas está la de Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien recientemente había sido operado del corazón y en uno de los operativos, los agentes enmascarados del ICE ingresaron a su negocio, lo insultaron, lo arrojaron al suelo y se montaron sobre él, con uno presionando su cuello con la rodilla y otro torciéndole los brazos.
Le causaron fracturas, lesiones graves, traumatismo craneoencefálico y lo mantuvieron esposado en un centro de detención de Los Ángeles sin permitirle hacer llamadas ni darle atención médica.
Ollah Shouhed reclama 50 millones de dólares de indemnización, la misma cantidad que Leonardo García, por haber sido detenido dos veces en obras de construcción, siendo estadounidense.
Hay otros cinco residentes permanentes, incluida Cary López, quien fue detenida estando embarazada y tuvo un parto prematuro, que reclaman pagos de hasta un millón de dólares cada uno por la violación de sus derechos.
Las protestas se multiplican en varias ciudades
Las manifestaciones en contra de los atropellos a los migrantes han sido recurrentes en distintas ciudades estadounidenses, entendiéndose sobre todo las raíces latinas que llevan en su interior.
Tal es el caso de Los Ángeles, California, con toda la vertiente ancestral mexicana en muchos de sus habitantes.
Toda una ola de protestas contra las redadas migratorias llevaron a Trump a calificar a los manifestantes como “animales” el 11 de junio, vinculando las marchas con absoluto desprecio a una “migración descontrolada”.
En esa ciudad californiana, usualmente emparentada con el glamour de Hollywood, hubo innumerables revueltas, poniendo de relieve el enfrentamiento entre Trump y el gobernador Gavin Newson.
Allí, asumieron una consigna: “No sleep for ICE (Sin descanso para el ICE)”, haciendo sonar ollas y sirenas en un hotel donde se alojaban sus agentes. En Nueva York, se han dado innumerables protestas, bajo consignas como “ICE fuera de NY” o “Aquí estanos y si nos echan regresaremos”.
En Portland, los manifestantes se congregaron frente a las instalaciones del ICE, lo cual para Trump constituyó una excusa para enviar tropas federalizadas para reprimirlos. Estas protestas se multiplican, igual que las persecuciones.
