El juez federal Kevin Castel formalizó este martes la desestimación de todos los cargos por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esta resolución técnica responde a la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, la cual anuló la condena de 45 años de prisión que pesaba sobre el exmandatario.
El cierre del proceso judicial se produce como consecuencia directa de la afinidad política entre la administración de Donald Trump y los movimientos de ultraderecha en la región, consolidada con el indulto presidencial otorgado a Hernández en diciembre del año pasado.
La medida adoptada por el sistema judicial neoyorquino deja sin efecto una de las sentencias más mediáticas contra un exjefe de Estado latinoamericano. Al recibir el perdón ejecutivo, el proceso perdió su objeto legal, obligando al tribunal de distrito a borrar los antecedentes penales del político hondureño en territorio estadounidense.
La decisión ha sido interpretada como un gesto de respaldo de la Casa Blanca hacia sus aliados ideológicos más cercanos en Centroamérica, priorizando la lealtad política sobre las acusaciones criminales previas.
La influencia de la agenda de ultraderecha en el indulto
La liberación de Hernández no responde a una declaración de inocencia basada en pruebas, sino a un mecanismo político que interrumpió el curso de la justicia. Trump, quien ha mantenido una narrativa de protección hacia líderes de la derecha conservadora en el continente, utilizó su facultad presidencial para anular las conclusiones de un juicio que vinculaba al exmandatario con redes de corrupción y violencia.
Este beneficio judicial refuerza el bloque de poder que el mandatario estadounidense ha construido con figuras clave del conservadurismo radical en la región.
El documento del Tribunal de Apelaciones especifica que fue la propia defensa de Hernández la que reclamó la desestimación de la acusación en vista del indulto. El juez Castel, cumpliendo con el protocolo legal derivado de esta acción ejecutiva, registró en el expediente: «La sentencia del tribunal de distrito queda ANULADA, y el asunto se REMITE con instrucciones de desestimar el caso por carecer de objeto».
Con estas palabras, el sistema judicial estadounidense pone fin a una causa que involucraba la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína.
Protestas y rechazo ante la impunidad política
Mientras el expresidente celebraba en sus redes sociales calificando el hecho como «justicia total», las calles de Nueva York se convirtieron en escenario de indignación. Numerosas personas y colectivos de la comunidad hondureña llenaron la sala del tribunal y protestaron en los exteriores de la corte.
Los manifestantes denunciaron que el indulto de Trump representa un acto de impunidad que ignora las pruebas presentadas durante el juicio, donde se detalló cómo Hernández utilizó las fuerzas del orden y el ejército para apoyar a carteles en Honduras y México.
El historial del exmandatario, quien fue extraditado en 2022 tras finalizar su periodo presidencial, incluía graves señalamientos por participar en una conspiración corrupta desde el año 2004. A pesar de que la fiscalía sostuvo que recibió millones de dólares para facilitar el narcotráfico, el giro político impulsado por la administración Trump ha logrado que el proceso sea «borrado» del sistema legal. Este desenlace marca un precedente crítico en la relación entre la justicia federal de Estados Unidos y las alianzas políticas de carácter ideológico bajo la actual administración.
