Para el filósofo italoargentino José Ingenieros, el mérito no es una medalla individual ni una vanidad de escritorio. En su obra El hombre mediocre, critica la rutina enmascarada de prudencia, la obediencia sin pensamiento y la administración que cuida más de sus propios vicios que de los fines que justifican su existencia. Esboza, además, una idea muy pertinente para nuestro tiempo: la República requiere lo que él denomina «aristocracia del mérito», entendida como una responsabilidad superior ante lo común en lugar de un privilegio social. Es decir, el mérito verdadero está en servir, escuchar, decidir y rendir cuentas con honradez en lugar de solo saber más para mandar mejor. Aplicado a la administración pública nacional, este principio exige que el conocimiento, la experiencia comprobada, la ética del trabajo y la capacidad de producir resultados verificables sean la fuerza vital que impregne la organización del Estado.
Por otro lado, en su libro El ascenso de la meritocracia, el sociólogo británico Michael Young hace una sátira que conviene recordar. Una sociedad distópica que invoca el mérito sin cuidar la justicia puede terminar creando una nueva élite cerrada, convencida de que merece gobernar porque ha superado ciertos filtros, ha acumulado credenciales o ha aprendido el lenguaje de la gestión moderna. Por consiguiente, la fórmula venezolana debe evitar a toda costa una meritocracia fría, competitiva y excluyente, abrazando una administración pública basada en un mérito socialmente orientado. En otras palabras, el talento debe reconocerse, pero su legitimidad nace de su contribución al bienestar colectivo. Un servidor público demuestra mérito cuando reduce los tiempos de respuesta, simplifica los trámites, mejora la calidad de la enseñanza en una escuela, acelera la atención hospitalaria, estabiliza un servicio tecnológico, protege los datos, innova con austeridad o convierte una política en un beneficio tangible para la comunidad. Entonces, el mérito deja de ser una consigna y se transforma en evidencia.
En este sentido, cada organismo debe saber qué problema resuelve, con qué capacidades cuenta y cómo mide su rendimiento. Sin indicadores, la administración camina a ciegas; con indicadores mal diseñados, se mueve en cualquier dirección. Por tanto, es imprescindible medir resultados (tiempo ahorrado al ciudadano, recursos recuperados, cobertura ampliada, errores corregidos, interoperabilidad lograda, satisfacción documentada). Con ello, la gestión pública se aproxima al método científico, ya que plantea hipótesis de acción, las ejecuta, observa, compara, aprende y corrige. Así, la eficiencia deja de ser un eslogan vacío y se convierte en una cultura y práctica nacional de aprendizaje organizado.
La fórmula sugerida, en suma, apunta a mérito con justicia, conocimiento con voluntad, eficiencia con ética y tecnología con soberanía.
La solución reside en construir una administración que reconozca el talento donde exista, lo forme donde esté naciendo, lo despliegue donde más se necesite y lo someta siempre al escrutinio de los resultados basado en indicadores dibujados con celosa anticipación.
Finalmente, un Estado que aprende, corrige y sirve es un Estado que convierte capacidades científicas, técnicas y humanas en bienestar; un Estado donde el mérito no separa a los mejores del pueblo, sino que obliga a los mejores a trabajar mejor para el pueblo.
@betancourt_phd
