El planteamiento de una reforma judicial debe ser entendido como un nuevo proyecto de justicia que abarque una transformación estructural y de funcionamiento de todo un sistema que ha estado vinculado a la construcción y desarrollo de una democracia en la que el gobierno y las entidades políticas conforman un orden democrático constitucional participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
De manera que hablar de reforma del sistema de justicia es trazar políticas, planes y lineamientos para transformar la justicia actual, teniendo en cuenta las prioridades, entre ellas, la celeridad de los procesos y la eficiencia para que funcione bien la administración de justicia y desaparezca ese carácter de la impunidad que hace que los poderosos o los de mayores recursos económicos sean los beneficiados y los socialmente más vulnerables, es decir, los pobres o marginados, los perseguidos y condenados.
Pero el problema de la justicia en Venezuela no es solamente el tema penitenciario ni el sempiterno retardo procesal; es algo más profundo y que ahora precisa de respuestas en favor de lo ético en el acto de juzgar, de la legitimidad que abra las puertas a un poder judicial con poder, que los jueces se sientan autónomos en sus mandatos o decisiones, que los juicios o procesos penales se liberen de ese carácter excesivamente lento, burocrático, formalista y de abundante e inútil escritura que obstaculiza el juicio oral y público, su inmediación y contradicción, como eje fundamental de ese proceso.
Tampoco podemos olvidarnos de la necesidad inmediata de proyectos e instrumentos que respondan con eficiencia a la formación de los jueces, teniendo en cuenta una verdadera Escuela de la Magistratura. En fin, se debe cambiar la forma como funciona la justicia en el país y que sea efectiva, gratuita y expedita, como lo enseña la Constitución.
No queremos una justicia sobre la base de la arbitrariedad selectiva. Hoy, más que nunca, existe la necesidad de la reconstrucción de la justicia penal sin que el ciudadano afectado por la injusticia se haga esas preguntas que se hacen en la doctrina: ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los otros que hicieron lo mismo? Binder fue el de la idea de la reconstrucción de la justicia penal, pero no lo hizo como un programa de destrucción, sino de permanente construcción de alternativas. Y así quedó.
