El terrorismo judicial no es de ahora; hace tiempo existe en Venezuela. En el año 1978 se hizo pública la denuncia del entonces fiscal general de la República, doctor José Ramón Medina, quien afirmó que es repudiable la conducta de un juez penal que acepte ante su jurisdicción querellas que competen a otros tribunales. Se trataba del terrorismo judicial que persigue asustar, coaccionar o aterrorizar a personas que no han cometido delito, pero que son denunciadas en tribunales penales por casos civiles o mercantiles con el propósito de buscar arreglos o transacciones en perjuicio patrimonial del inocente denunciado. Ese terrorismo judicial hoy en día viene extendido a otras modalidades, como el caso, por ejemplo, de malinterpretar una ley penal para extorsionar y privar de libertad a una persona por un hecho que no constituye el supuesto previsto en esa ley. Ella castiga, no cualquier supuesto de odio, sino aquel que se expresa contra una persona o personas en razón de pertenecer a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual o por cualquier otro motivo discriminatorio. Sin embargo, hay jueces y fiscales que buscan aplicarla en casos de injuria o difamación para aterrorizar con prisión de 20 años.
Hay necesidad, entonces, de un cambio y de hacer la consulta que ha propuesto la Presidenta (E) sobre la reforma de la justicia penal. Pero que no se vea esa propuesta de reforma por falta de leyes penales, o por querer crear nuevos delitos o aumentar las penas existentes. Ese no es el problema. Es otra cosa. Hay que hablar de políticas y planes para transformar el sistema de justicia, con prioridades, entre ellas, la creación de una verdadera Escuela de la Magistratura donde prive la ética del juez como lo esencial. En fin, se debe cambiar ese viciado sistema de justicia, sin olvidar sacar a esos jueces y fiscales que negocian con terrorismo el acto de juzgar y el acto requirente. Nadie en el foro desconoce el terrorismo judicial, ni los otros vicios que atormentan a la justicia, mucho menos la impericia de algunos jueces y fiscales que ponen en jaque la interpretación de las leyes, lo que se traduce en un conflicto de las interpretaciones que pone en escena las subjetividades de unos y las estrategias de otros ante la aplicación de la ley, sin que haya, como diría Foucault, un punto absoluto a partir del cual se juzgue y se decida.
Terrorismo judicial y reforma penal
