El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este lunes que el Tribunal Primero de Juicio en materia de Terrorismo negó el sobreseimiento de la causa contra el comunicador y activista Carlos Julio Rojas.
En su cuenta en X, la organización gremial recordó que Rojas fue imputado por delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa.
El periodista fue detenido el 15 de abril de 2024 en La Candelaria, bajo la acusación de estar presuntamente vinculado con un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, quien se encuentra actualmente recluido en Nueva York, tras su captura por parte de fuerzas militares estadounidenses durante una operación ejecutada en Caracas el pasado 3 de enero.
Rojas permaneció recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), hasta su excarcelación el pasado 14 de enero.
Su liberación se produjo en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno encargado, liderado por Delcy Rodríguez.
Según el balance ofrecido por el SNTP, si bien se reconocen «avances importantes», la aplicación de la Ley de Amnistía ha sido “desigual”. La organización señaló que, en algunos casos, el proceso “ha estado marcado por retrasos” y decisiones judiciales que terminan por “contradecir” el propósito de la medida.
El reporte señala que, desde la entrada en vigencia de la ley, más de 20 periodistas y trabajadores de la prensa han sido liberados, ya sea mediante decisiones de sobreseimiento o por sentencias absolutorias en fase de juicio.
“Estos resultados reflejan el impacto positivo de la ley cuando es aplicada conforme a su finalidad”, afirmó el sindicato.
Sin embargo, el gremio detalló que se han registrado cuatro solicitudes de sobreseimiento negadas. Además, mencionaron tres casos que aún no reciben respuesta institucional, pese a que ya se cumplieron los lapsos legales para decidir, “lo que prolonga la incertidumbre jurídica de los afectados”.
La organización Foro Penal actualizó sus registros el sábado, estimando en 477 el número de personas que permanecen detenidas por motivos políticos, grupo que incluye a 43 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.
Aunque la amnistía contempla un periodo de 27 años (desde 1999), el beneficio se restringe a 13 eventos específicos ocurridos en un lapso de 13 años, excluyendo a casos vinculados a operaciones militares, corrupción, homicidios o violaciones de derechos humanos, entre otros delitos.
De acuerdo con los datos oficiales, un total de 8 351 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría se encontraban bajo medidas restrictivas de libertad.
