El 19 de abril de 1810 no fue un evento aislado de la cronología colonial; fue el estallido de la conciencia jurídica y política de un pueblo que decidió dejar de ser “objeto” para convertirse en “sujeto” de su propio destino.
Aquel Jueves Santo, el cabildo caraqueño no solo desconoció al capitán general Vicente Emparan, sino que sentó las bases de la soberanía nacional, un concepto que hoy, 216 años después, se encuentra bajo el asedio más feroz de la historia republicana.
“Seguir el ejemplo que Caracas dio” no es solo un verso de nuestro himno; es un mandato geopolítico. Caracas fue la vanguardia de la ruptura con el eurocentrismo monárquico, y hoy, frente al nuevo rostro del imperialismo, la capital venezolana vuelve a ser el epicentro de la resistencia contra el tutelaje de Washington.
La reciente y dolorosa herida del 3 de enero, marcada por la intervención militar extranjera y el secuestro de la pareja presidencial, no es más que la actualización de la doctrina de “cambio de régimen” que el derecho internacional proscribe de forma absoluta.
Este acto de piratería internacional, donde se violan las inmunidades diplomáticas y la integridad territorial, busca desarticular el núcleo del Estado para imponer un tutelaje imperial. El objetivo no es la “democracia” sino el control total y absoluto de nuestro manejo petrolero.
Al arrebatarnos el control de nuestra industria energética, el imperio busca convertir a Venezuela en una estación de servicio estratégica para sus intereses bélicos y corporativos.
El derecho a la autodeterminación, pilar del ordenamiento jurídico mundial desde la Carta de las Naciones Unidas, está siendo triturado en beneficio de los mercados del norte. No estamos ante una crisis política interna; estamos ante una ocupación de facto que pretende retrotraernos a 1809, cuando las decisiones sobre nuestra riqueza se tomaban en metrópolis lejanas.
La detención de los líderes nacionales y el control forzado de nuestros recursos nos colocan en un punto de no retorno. La “segunda independencia” ya no es una consigna romántica, es una necesidad de supervivencia existencial.
Debemos denunciar en cada foro internacional la nulidad de cualquier contrato o acuerdo petrolero firmado bajo la coacción del tutelaje imperial. El derecho internacional reconoce que los actos realizados bajo la fuerza contra un Estado son nulos de toda nulidad.
A 216 años de aquel primer paso, Venezuela se encuentra nuevamente ante la disyuntiva histórica: o somos una colonia administrada por intereses extractivistas, o somos la nación valiente que, una vez más, le señala el camino de la libertad a todo un continente.
Y ahora Venezuela necesita “un nuevo 19 de abril”.
